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El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, demandó la inmediata aprobación del proyecto de norma sobre el Sistema de Tarifas de Servicio de Televisión de Paga elaborado por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), por cuanto su entrada en vigencia permitirá sancionar a aquellas empresas que exijan a los usuarios la adquisición o alquiler de equipos decodificadores como condición para acceder a este servicio público.

Ya en julio del año pasado, ante las quejas de la ciudadanía por el cobro de decodificadores, la Defensoría del Pueblo envió un informe al Osiptel manifestando, entre otras observaciones, que esta práctica refleja una venta condicionada y prohibida por la normatividad vigente debido a que restringe la libertad de elección del usuario. Estas recomendaciones han sido acogidas por el organismo, convirtiéndose en un valioso insumo para el proyecto en mención.

Gutiérrez Camacho indicó que en las condiciones actuales, donde un oligopolio compuesto por las empresas del Grupo Telefónica, DirecTV y Claro concentran el 95.2% del mercado, estos cobros constituyen un condicionamiento indebido, ya que los decodificadores de la señal de cable son intrínsecos al servicio y no constituyen una prestación adicional. “Están vulnerando la ley de Telecomunicaciones y las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones”, afirmó.

“Según datos del Osiptel existen más de un millón de decodificadores que se han vendido o alquilado como condición para acceder al servicio. El pago mensual por alquiler de decodificadores para acceder al servicio, en un plan que puede durar hasta dos años, afecta claramente la economía de las familias, además de ser un cargo que restringe a nuevos usuarios acceder a este servicio público”, manifestó el Defensor del Pueblo.

Asimismo, agregó que una vez aprobada la norma el organismo regulador debe sancionar a las empresas que continúen condicionando el acceso al alquiler o venta de estos aparatos, para lo cual deberá implementar las herramientas necesarias. Informó además que el Perú es el país donde más se venden decodificadores a nivel regional, a diferencia de Colombia, Brasil y otros donde las prácticas comerciales y la normatividad vigente permiten la entrega de estos decodificadores gratuitamente (comodato).

Finalmente, el Defensor del Pueblo invocó al Osiptel a mantenerse vigilante de los cambios en el mercado que pueden afectar los derechos del consumidor, a fin que oportunamente emita normas que regulen la prestación del servicio desde un enfoque de derechos y en beneficio de la ciudadanía.
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